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Menores inmigrantes no acompañados: un estudio de su situación en la actualidad

Cristina Goenechea Permisán; Universidad Complutense de Madrid

 

Resumen

En este trabajo realizamos una primera aproximación como investigadores al campo específico de los menores extranjeros no acompañados, aunque nuestra experiencia en otros sectores (especialmente, el de inmigrantes escolarizados) puede considerarse amplia. Realizamos en estas páginas una síntesis de los principales trabajos realizados hasta la fecha en España, así como de la información aparecida en prensa y la normativa vigente sobre el tema. Con ello queremos presentar una perspectiva amplia sobre este campo de estudio, que sirva de base para realizar futuras investigaciones.

Palabras clave: menores inmigrantes, menores no acompañados, MINA, MEINA, MMNA.

1- Qué entendemos por menor inmigrante no acompañado

Tradicionalmente el concepto de menor inmigrante/ migrante no acompañado engloba las siguientes características (VVAA, 2004):
a) niños y adolescentes menores de 18 años
b) en proceso migratorio, solos o acompañados
c) fuera de su país de origen, separados de las personas que por Ley o por costumbre los tienen a su cargo
d) que han accedido al país de destino a través de una solicitud de asilo o de forma irregular.
Actualmente, la presencia creciente de estos menores en España constituye una grave preocupación para las Administraciones y las ONGs, pudiendo decirse que es uno de los principales retos con los que se enfrenta la política migratoria española y, con ella, el conjunto de la sociedad.
Por último, señalar que se suelen utilizar varias denominaciones para referirse a este colectivo: MINA (Menores Inmigrantes No Acompañados), MEINA (Menores Extranjeros Indocumentados No Acompañados), y MMNA (Menores Migrantes No Acompañados). Nosotros hemos preferido la primera por ser una de las más extendidas y por que preferimos no hacer referencia a la situación administrativa del menor (documentado o no).

2- Un fenómeno en aumento

Los menores inmigrantes que se encuentran en España sin la tutela de un adulto constituyen un colectivo extremadamente vulnerable que ha experimentado un aumento constante en los últimos 10 años, convirtiéndose en la actualidad en una grave preocupación para la Administración y las instituciones sociales.
Los MINA constituyen un colectivo altamente desconocido, del que no sabemos ni siquiera su característica principal: la magnitud. Si la llegada de población extranjera es un fenómeno relativamente reciente en España, más aún puede decirse que lo es la llegada de menores inmigrantes no acompañados, cuyo número comienza a ser significativo en nuestro país en torno al año 1996, según datos de la Asociación EMANA. Desde su comienzo, este fenómeno ha aumentado constantemente, pasando de los 2.000 individuos en que se situaba en 2003 (según datos Asociación Pro Derechos de Andalucía), hasta situarse según algunas fuentes (Save the Children, 2005) en 6.500 en el año 2005.
Sin embargo, estas cifras dadas por Organizaciones Humanitarias son aproximadas ya que no existen estadísticas fiables sobre este tipo de inmigrantes, carencia que ya ha sido denunciada por distintas entidades, como el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (2002). Esta falta de información constituye un gran obstáculo en el establecimiento de medidas dirigidas a este colectivo.
Sin duda, el dato más fiable de que disponemos es el aportado en una respuesta escrita del Gobierno a la pregunta formulada por el diputado de CIU Carles Campuzano. Según estos datos, recogidos en la prensa , las Comunidades Autónomas tutelaron durante un periodo de un año y medio (entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de junio de 2005) a 11.411 menores inmigrantes no acompañados. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son, por ese orden, las autonomías que han tutelado a más muchachos, 8.624 en total. Sin duda, a esta cifra habría que añadir un número indeterminado de menores que no son tutelados por ninguna Administración.
Respecto al ámbito concreto de la Comunidad de Madrid, algunas fuentes (Asociación EMANA) cifran en torno a 1.000 los MINA que se encuentran en esta Comunidad Autónoma, aunque queremos insistir en la inexistencia de cifras contrastadas sobre este fenómeno, por lo que todo dato constituye sólo una estimación de la realidad. Otras fuentes cifran en 600 los menores extranjeros atendidos por la Comunidad de Madrid entre centros de protección, centros de internamiento para infractores y usuarios de distintos programas de apoyo social y laboral.
Como vemos, se trata de una población muy difícil de estimar numéricamente. Esto se debe fundamentalmente a dos razones (Capdevilla y Ferrer, 2004 ): a) se trata de censar una población irregular que a menudo no tiene ninguna intención de darse a conocer y b) se trata de una población con un alto índice de movilidad, que se traslada con mayor frecuencia y facilidad que los adultos, aunque los factores atrayentes o expulsores que los empujan sean los mismos.
En Cataluña se han contabilizado 1.659 MEINA en un periodo de cuatro años y medio, entre 01/01/1998 y 31/05/2002, en un estudio que trata de evitar duplicaciones de expedientes que produzcan un número irreal de la cifra (Capdevilla y Ferrer, 2004).
En Andalucía, la cifra supera ya los 1.400 menores, según datos aportados por Micaela Navarro, Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía .

3- Perfil del menor inmigrante no acompañado en España

Respecto al perfil del menor inmigrante no acompañado, los estudios realizados en ámbitos diversos dentro de España (VVAA, 2004; Calvo de Leon, 2003; Save The Children, 2005; Capdevilla y Ferrer, 2004; Ramírez y Jiménez, 2005), coinciden al apuntar una serie de características propias que nos permiten describir ampliamente este colectivo, no sin antes destacar la heterogeneidad propia de cualquier grupo humano:
1) La gran mayoría son varones, pudiendo considerarse minoritarios los casos de niñas.
2) En un alto porcentaje proceden de Marruecos (entre el 75% y el 92% según los distintos estudios). Llama la atención el hecho de que en el estudio de Cataluña más de la mitad de los MINA procede de una misma ciudad: Tánger. Se apunta un reciente aunque todavía ligero incremento de los MINA procedentes de otros lugares como África Subsahariana y más recientemente de Europa del Este, especialmente en determinadas CCAA (Cataluña y Madrid).
3) La edad de llegada oscila entre los 14 y 17 años, aunque se han documentado casos de niños de sólo 9 años. El trabajo realizado en Cataluña (Capdevilla y Ferrer, 2004) añade una conclusión novedosa y muy interesante en relación a este tema, al constatar en la práctica la ya supuesta escasa fiabilidad de los medios utilizados para determinar la edad de los menores indocumentados. Contrastando en los casos en los que finalmente llega a conocerse la edad por otros medios la edad real con la determinada por la prueba radiológica, sólo encuentran un 34% de aciertos, siendo los errores tanto por exceso (sobreestimación) como por defecto (subestimación).
4) La gran mayoría de los MINA vivían con su familia nuclear en el país de origen . Todos coinciden en señalar que, en general, los MINA residentes en España no eran niños de la calle en su país.
5) Sus circunstancias personales y sociofamiliares eran muy penosas en el país de origen. La vivienda tenía muy poco espacio y disponían de pocos medios de subsistencia. Esto les empuja a dejar la escuela y buscar trabajo, y al no lograrlo se afianza la idea de emigrar. Un dato aportado por Jiménez (2005, citando a Chroniques Tangéroises) nos ha llamado poderosamente la atención: el 70% de los jóvenes marroquíes quieren emigrar.
6) Aunque resulta evidente, resulta conveniente recordar que los valores y relaciones de los MINA se fundamentan en parámetros culturales diferentes a los nuestros, lo que no debe perderse de vista en ningún momento de la intervención.
7) Presentan carencias de escolarización y de formación laboral. Su adaptación escolar resulta muy difícil y se encuentran con un mercado laboral cerrado, tanto por cuestiones legales, como por su escasa cualificación. Asimismo, sufren una pérdida absoluta de referentes educativos como consecuencia de su emigración prematura a Europa
8) Sus expectativas personales son irreales, distorsionadas por los medios de comunicación o por los propios compañeros.
9) Viven una fuerte ruptura de expectativas, debida a la tensión permanente entre la realización de su proyecto migratorio (que incluye responsabilidades de adulto, ser autosuficiente y hasta sustentador de la familia) y la condición de MINA (individuo dependiente, en situación de desamparo, sobre el que el Estado tiene competencias de intervención) que les impone la sociedad de acogida. Las causas de la emigración de los menores inmigrantes son similares a las de sus compatriotas adultos (un 84% afirma que emigró para buscar trabajo) y también son similares sus perspectivas de futuro.
10) Mayoritariamente, encuentran dificultades en su adaptación e integración, con serios problemas de convivencia en algunos casos (manifestaciones de carácter agresivo, robos, consumo de sustancias tóxicas). Presentan una grave falta de recursos materiales y familiares para afrontar la situación en la que se encuentran, con el peligro real que esto supone de caer en redes de explotación.
11) Desconocimiento (especialmente al principio) del medio en el que se encuentran y del idioma español.
l2) Situación de desarraigo, soledad ,etc. Hay que destacar aquí que pese a la imagen que socialmente podamos tener, la mayoría de estos menores están tutelados, no viven en la calle aunque pueden pasar en ella algunas horas al día.
13) Aparece un nomadismo constante, como ya vimos al hablar de la gran movilidad como un obstáculo para su contabilización.
14) La familia no es un elemento activo en la planificación de la marcha del menor, aunque en la mayoría de los casos se muestra de acuerdo con su intención de hacerlo o bien se resigna a ello. Según datos recogidos en Cataluña (Capdevilla y Ferrer, 2004) el 99% de los menores sigue en contacto con su familia a través del teléfono, pero un porcentaje similar (94%) no acepta la posibilidad de un eventual reagrupamiento familiar en el país de origen, y tampoco lo admite un 86% de las familias.
15) El viaje migratorio se planifica con el grupo de iguales y se realiza con frecuencia sólo, en los bajos de un camión o autocar y más recientemente (desde 2003 especialmente), en pateras.
16) Algunos de los MINA (aproximadamente una quinta parte según distintos estudios) cometen infracciones, la mayoría contra la propiedad. Sin embargo, se destaca que no parecen haber venido con la intención de delinquir y que tampoco parece que realizaran habitualmente este tipo de prácticas en sus países de origen.

 

4- La respuesta institucional: repatriación o estancia en centros de acogida.

La respuesta institucional a la presencia de estos menores es en un primer momento la repatriación. Cuando esta no es posible por cuestiones legales o de otro tipo, los menores son internados en centros de acogida, tras la preceptiva orden de acogimiento residencial. A continuación analizaremos ambas medidas.

4.1. La repatriación de menores.

La repatriación es la primera opción cuando un menor extranjero no acompañado es detectado en España, aunque su realización práctica conlleva una serie de dificultades que hacen que en la mayoría de los casos no sea viable. La legislación establece que los menores extranjeros sólo pueden retornar a su país de origen si se reintegran a su familia o a un centro de protección estatal.
La Ley española establece que “la Administración General del Estado, conforme al principio de reagrupación del menor, después de haber oído al menor y previo informe de los Servicios de Protección de Menores, resolverán lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o a aquel donde se encontrasen sus familiares, o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación a su país de origen solamente se acordará si se dieren las condiciones para la efectiva reagrupación familiar del menor, o para la adecuada tutela por parte de los servicios de protección de menores del país de origen”. Según la Ley de Extranjería , es la Fiscalía General del Estado la que debe contactar con los consulados y las familias de los menores para que puedan ser devueltos a sus países. Sin embargo, si la familia rechaza acogerlo, el Fiscal tiene que denegar su repatriación.
Pese a esta normativa, algunas organizaciones (SOS Racismo Marruecos y el Colectivo Al Jaima) han denunciado casos en los que no se oye al menor o no se tienen garantías de que su repatriación se realice con garantías suficientes.
España llegó a un Acuerdo con Rabat en diciembre de 2003 sobre devolución de menores inmigrantes , que fue demasiado genérico al contentarse el Gobierno español con ponerlos sin mayor compromiso en manos de las autoridades fronterizas marroquíes. Tampoco es una solución tratar a estos menores como si fueran adultos como pretendió el Fiscal General del Estado Jesús Cardenal, al ordenar a los fiscales que procedieran a la solicitud de repatriación inmediata de los extranjeros entre 16 y 18 años, que posteriormente fue derogada.
Cuando la repatriación no es viable, el menor queda bajo la tutela del Estado hasta su mayoría de edad, otorgándosele en la mayoría de los casos la autorización de residencia. Así se establece en el Artículo 92.5 del Reglamento de Extranjería, según el cual “transcurridos 9 meses desde que el menor haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores de las Comunidades Autónomas, sin que haya sido posible su repatriación se procederá a otorgarle la autorización de residencia”. Hay que matizar , sin embargo, que el hecho de que se haya concedido la residencia “no será impedimento para la repatriación del menor, cuando posteriormente pueda realizarse”. Según datos recientes (Ramírez y Jiménez, 2005) el plazo que transcurre por término medio desde que el menor llega a España –en concreto, a la Comunidad de Madrid- hasta que consigue su tarjeta de residencia no es de 9 meses sino de más de año y medio.
Un dato que cuestiona la eficacia de la repatriación es el de que la mayoría de los menores que son repatriados vuelven a intentar cruzar el Estrecho en posteriores ocasiones, poniendo de nuevo en peligro su vida.
Lo que parece claro en opinión de los expertos (VVAA, 2004) es que la opción de la repatriación familiar sólo debe considerarse cuando existe reclamación activa por parte de la familia.
Sin embargo, la política española parece que sigue optando por la repatriación, pero mediante la vía de la tutela no por parte de la familia, sino del estado marroquí. A tal fin se proyecta construir centros en Marruecos, de los que hablaremos en el apartado quinto.

4.2. Los centros de acogida en España

La situación en que se encuentran los menores inmigrantes no acompañados que viven en España es paradójica: la sociedad de acogida les trata como menores que deben ser objeto de protección (no sin cierto control, ya que no dejan de ser inmigrantes irregulares) y les asigna a centros de acogida, cuando no pueden ser repatriados. Por su parte, ellos se consideran adultos y quieren trabajar, ser independientes y poder así ayudar económicamente a su familia. Esto lleva a que muchos abandonen los centros de acogida (según el informe del Defensor del Pueblo Vasco la mayoría está en los centros menos de un mes) cayendo a veces en ambientes desfavorecidos en los que su situación no hace más que empeorar.
La cuantificación de este tipo de centros resulta difícil. En la Comunidad de Madrid, existen 23 centros que atienden a este tipo de menores, aunque la Administración no facilita cifras sobre el número de MINA que son atendidos en ellos. En Andalucía existen 30 centros específicos, que atendían a finales de 2005 a 1.550 menores, mientras que en Guipúzcoa son tres los centros de este tipo.
La labor que realizan los centros de acogida tiene una triple dimensión (Calvo de León, 2003): asistencial (atención sanitaria, satisfacción de necesidades físicas), preventiva (información, orientación, apoyo emocional) y una importante atención socioeducativa integral (escolarización, iniciación profesional, socialización, tiempo libre). A pesar de esto, como hemos visto, muchos menores abandonan los centros en los que son acogidos, lo que constituye un aparente fracaso de la política seguida con este tipo de adolescentes.
La problemática de estos centros, que sintetizamos (Monteros, en Ramírez y Jiménez, 2005) a continuación, es compleja Existe un progresivo proceso de delegación por parte del Estado de sus responsabilidades sociales para con los MINA en ONGs, lo que conlleva unas peores condiciones laborales para el personal que atiende a estos menores, que se caracteriza por una alta inestabilidad y movilidad laboral, una escasa formación, etc. Existen diversos tipos de centro, pero parece que cuanto más grande es el centro, más fugas hay. Los programas de acogida que mejores resultados están dando en cuanto al proceso de integración social de los MINA son aquellos que se basan en el principio de preparación para la autonomía: la convivencia en pisos pequeños (“pisos para adolescentes” que se transforman en “pisos para marroquíes”) en los que se reparten las responsabilidades, hay apoyo a los procesos de formación profesional, apoyo en el aprendizaje del castellano y actividades de ocio y tiempo libre compartido con chicos autóctonos.
Un ejemplo ilustrativo de las dificultades que se viven en estos centros lo constituye el caso de los tres centros de Guipúzcoa. Los 27 miembros de la plantilla de estos centros pidieron simultáneamente la baja obligando al cierre temporal de las instalaciones en mayo de 2005, debido a que se encontraban según sus propias declaraciones “desbordados física y mentalmente” . Los problemas principales señalados por los trabajadores son las deficiencias del servicio y la sobreocupación de las instalaciones. Reclaman que se establezca una edad mínima de 15 años para ingresar en los centros y sobre todo que se elabore una política de atención que no sólo tenga en cuenta si el menor es extranjero sino también sus problemas específicos (por ejemplo, que si tiene problemas con la droga, sea derivado a una institución especializada).

Cuatro meses después de esta crisis, el “Ararteko” o Defensor del Pueblo Vasco elaboró un informe en el que destaca como problemas de estos menores:
a) Las dificultades educativas, que quedan en manos del voluntariado
b) Dificultades sanitarias (acceso a la atención primaria)
c) Falta de plazas residenciales para estos menores
d) Situación laboral de los profesionales que trabajan con ellos
e) Dificultad para que se puedan emancipar
f) Retrasos y problemas para facilitar su integración, sobre todo en lo relativo a la obtención de papeles.
Como medidas para aliviar estas deficiencias se señala la conveniencia de facilitar la comunicación de estos menores con sus familias de origen, la emisión de una certificación de acogimiento y el empadronamiento inmediato, así como una mayor diligencia en la tramitación de las autorizaciones de residencia y de trabajo y en las solicitudes de asilo.

 

5- Centros en los países de origen como respuesta a medio plazo

La prensa española viene haciéndose eco de la intención de diversas Administraciones españolas de construir, en colaboración con las autoridades marroquíes, centros en Marruecos para poder repatriar a estos menores. Con esto, el menor no queda en manos de la familia sino del estado marroquí. Se ha dicho que “el acuerdo supera todo lo convenido hasta ahora, pues responsabiliza a las autoridades marroquíes de la tutela de los menores repatriados, una condición indispensable para que España deje de ejercitar la que le corresponde por Ley” (El País, 20/07/2005).
No sólo la Administración central sino también las autonómicas están implicadas en este proyecto. Así, a finales de 2005 (El País, 24/12/2005) conocíamos la intención de la Generalitat de construir dos centros de menores en Marruecos, con un triple objetivo (según se deduce de las palabras de Anna Simó, Consejera de Bienestar y Familia): a) frenar el flujo migratorio de niños y jóvenes magrebíes que se trasladan a Cataluña, b) fomentar el regreso de los menores que ahora residen en los centros de acogida catalanes y c) concienciar a los jóvenes marroquíes de los riesgos que asumen al cruzar solos el Estrecho de Gibraltar. A comienzos de este año 2006, también la Junta de Andalucía (El País, 25/01/2006) hace publica su intención de financiar la construcción de centros de menores en Marruecos, con el objetivo de que las devoluciones se puedan realizar con frecuencia y garantías.

6- Críticas sobre la política española respecto a los MINA

Diversas voces apuntan la conveniencia de otro tipo de políticas para frenar la emigración de menores, especialmente marroquíes. Así, José Chamizo (Defensor del Pueblo Andaluz) apuesta por las políticas de cooperación y desarrollo, destinadas a lograr que los menores y sus familias tengan un futuro en su país de origen. También otros autores que han estudiado el tema (Capdevilla y Ferrer, 2004) apuntan la conveniencia de realizar este tipo de políticas de cooperación, así como la posibilidad de abrir el debate con los representantes de las sociedades emisoras de MINA para encontrar soluciones conjuntas y vías de colaboración.
Una de las principales expertas en la materia es Mercedes Jimenez , quien afirma que la creación de este tipo de centros en Marruecos tendrá un efecto inverso al pretendido, al aumentar en lugar de reducir la migración de los menores. Esto se debe a que si a los menores repatriados se les da en estos centros una formación y unos medios que antes no tenían, “emigrarán para poder acceder a su vuelta a aquel trabajo educativo y pedagógico al que parecen no tener derecho antes de emigrar”.
Quizá la crítica con más peso de las recibidas hasta ahora es la que ha realizado recientemente UNICEF (recordemos que es el organismo de la ONU encargado de la protección de la infancia), que desaconseja rotundamente la construcción de centros de acogida en Marruecos para menores devueltos por España porque “existe un gran riesgo de aplicar intensamente las medidas de reagrupamiento o repatriación de la mayoría de los menores no acompañados sin garantizar la salvaguarda de su interés superior”. Afirma que “lo mejor para el adolescente o, a veces, preadolescente, es que se reintegre a su familia en Marruecos. Si no, debe ser integrado allí donde ha decidido emigrar para solventar un problema de pobreza”. Señala además la “prioridad de las prioridades: acabar con los malos tratos a los menores devueltos en las comisarías” de Marruecos.
También Andalucía Acoge y otras organizaciones humanitarias han manifestado su desacuerdo con la construcción de estos centros.

7- Conclusiones

Ante el fracaso de la respuesta puesta en marcha actualmente para atender a los MINA (dado que un alto porcentaje abandona los centros de acogida), creemos que es urgente estudiar cuáles son los principales puntos de desencuentro entre la respuesta planteada por las instituciones (materializada en centros de acogida y otras acciones realizadas por entidades sin ánimo de lucro) y las necesidades de estos inmigrantes, cuya característica principal es una gran vulnerabilidad. Esta podría ser una de las vías a adoptar en las investigaciones que sin duda deben promoverse sobre este fenómeno, que según las previsiones no hará más que crecer mientras no cambien las circunstancias que lo provocan (normativa, condiciones sociales en los países de origen, etc.).

 

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